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8

ene 2018

Basta de cambalache

8 de Enero de 2018. Luis Maria Gonzalez Fernandez

¿Y si además de enfrentar las veleidades independentistas, el Gobierno se preocupara de activar las políticas públicas que el país necesita? No estoy proponiendo que el desafío independentista sea ignorado -cuando un poder del estado desafía al Estado, este no puede quedarse parado-; estoy advirtiendo que la acción de Gobierno se vuelque de una vez por todas en las políticas económicas y sociales que toda sociedad necesita para seguir avanzando, y no se utilice como excusa el llamado conflicto catalán para ignorar demandas esenciales de la democracia española, como la viabilidad futura del sistema público de pensiones, la contratación y el empleo, o la imprescindible red de protección social (renta mínima) que dé respuesta a las familias sin ningún tipo de ingresos y a aquellas personas que, queriendo, no pueden trabajar.

Resulta intolerable que en plena crisis de ingresos de la Seguridad Social, como consecuencia del perfil estructural de la precariedad laboral, que generaliza empleos de bajos salarios y escasa cotización, el Gobierno haya sido incapaz de impulsar la concertación social y de activar el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados -con la complicidad de las restantes fuerzas políticas- para enfrentar uno de los retos más importantes en la actual coyuntura política. Por eso, el compromiso de los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales con el sistema público de pensiones ha de materializarse en 2018 pactando las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sistema y acabar con la improvisación y la chapuza seguidas en los últimos años por el Gobierno.

CCOO siempre ha defendido que si no acabamos con la indecente temporalidad del mercado de trabajo y por lo tanto con la baja calidad del empleo, será difícil encontrar una solución estable a la actual situación de las pensiones públicas. Es necesario emitir señales claras de que queremos otro modelo productivo, con mejor empleo, mejores salarios, mayor valor añadido y mayor capacidad de competir. Y para eso, el núcleo duro de la reforma laboral debe ser derogado y acordar entre todos un nuevo marco de relaciones laborales.

Por otro lado, se me antoja obsceno el argumento esgrimido por el Gobierno y los partidos que le apoyan (PP y Ciudadanos) para rechazar la puesta en marcha de una Renta Mínima que salga al paso de la difícil situación por la que atraviesan decenas de miles de familias en cuyo hogar no entra ninguna renta laboral. “Su coste es inasumible” se atreven a balbucear los mismos que aprobaron miles de millones de ayudas al sistema financiero. Reforzar la red de protección social en un país como España fuertemente sacudido por la desigualdad y con amplios sectores viviendo en el umbral de la pobreza, se me antoja inaplazable.

Como ineludible resulta frenar el drama de las violencias machistas. El pacto de Estado contra la violencia de género debe superar la retórica y activarse con medidas, recursos y decisiones contundentes que lo hagan creíble y eficaz.

Insisto, 2018 no puede volver a ser un año en blanco para las políticas públicas y de bienestar social. Empleo, pensiones, salarios, modelo productivo, renta mínima, violencias machistas, fiscalidad y regeneración democrática deben ser prioridad en este curso.

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